LOMLOE, una ley sin consenso

El pasado mes de noviembre se aprobó en España una ley de educación en cuya confección no han intervenido ni profesores, ni representantes de padres, ni representantes de colegios, ni nadie relacionado con el día a día de la enseñanza. Nos encontramos pues ante una ley sin consenso que ha sido aprobada sólo por una diferencia de un voto en el Congreso de los Diputados, que es lo mismo que decir que es una ley no compartida por, prácticamente, la mitad de los españoles.

 Se ha actuado, entonces, de espaldas a una comunidad educativa que lleva años pidiendo un pacto que incluya a todos los estamentos que la componen. Además se ha hecho en unos momentos de pandemia en los que las circunstancias no son las más deseables para aprobar una ley de esta envergadura. No extraña, por otra parte, esta actuación a escondidas, sin ningún tipo de acuerdo, porque es una ley firmada por la ministra Isabel Celaá la cual decía, hace nada, que los hijos no les pertenecen a los padres y parece, precisamente,  que bajo esa idea está hecha la ley.

 Uno de los puntos polémicos de esta nueva legislación educativa atenta en cierta manera contra la libertad y el poder de decisión de los padres sobre sus hijos. En concreto se vulnera el derecho a la elección de centro puesto que elimina la demanda de las familias como criterio a tener en cuenta para la oferta de puestos escolares. Se podría pensar, entonces, que esta ley obedece a una falta de demanda de centros concertados por parte de las familias españolas, pero no es así, pues más del 25% del alumnado español se encuentra cursando sus estudios en la enseñanza concertada. No parece descabellado dar libertad de elección en algo que es imperativo legal, escolarizar a nuestros hijos hasta los 16 años.

                                                       

Con esta ley será la administración quien tendrá el poder de decidir dónde se van a escolarizar los alumnos, en qué colegios públicos o en qué concertados, y lo hará, si quiere, por encima de la elección de los padres.

 ¿Por qué entonces esa necesidad de querer controlar dónde estudian los niños españoles? La única razón es ideológica, pues vuelve a postergar la enseñanza de la Religión dejando de ser asignatura evaluable. Además no hay ningún dato que diga que la enseñanza concertada es peor, que crea peores ciudadanos, peores universitarios o peores trabajadores. Es más, muchos de los firmantes y votantes de la nueva ley, incluida la ministra, llevan o han llevado a sus hijos a colegios religiosos concertados y nadie entendería que esos políticos escolarizasen a sus hijos en un tipo de centros que forman a malos ciudadanos. Ellos tuvieron la capacidad de elegir y optaron por la educación que quisieron para sus hijos, la que ellos creyeron que era la mejor, sin duda. Se trata, por tanto, de un acoso ideológico que, de paso, pretende tapar las verdaderas razones de por qué un tanto por ciento de alumnos tan elevado escoge la enseñanza concertada en España.

 Y la gota que colma el vaso es la desaparición paulatina, en 10 años, de los colegios de educación especial. Estos alumnos deberán ser asumidos por el resto de colegios. En un aula de esas características hay casi tantos profesores como alumnos, ¿de verdad podrían darse esas circunstancias en cualquier escuela española?

 Escuelas Católicas, junto con otras asociaciones, ha creado “Más libres, más plurales, más iguales” y nuestros centros participan de forma activa en todas las movilizaciones y actuaciones que desde esa plataforma se están promoviendo.